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Bid gandia 01La Cooperativa de Comerciantes del Centre Històric de Gandia se halla en pleno proceso de implantación de un nuevo modelo de organización para su asociación. Según sus gestores, esta nueva fórmula, que recibe el nombre de CHE (Centro Histórico Experimental) es una adaptación de los BID, siglas de Bussines Improvement District, que en castellano se podría traducir como “zona de mejora o dinamización empresarial”, un formato que adquirió desarrollo a partir de los años 80 en EEUU, si bien tiene su origen en los BIA, Bussines Improvement Area, nacidos en Canadá a finales de los 60.

El BID es un modelo de gestión de área comercial urbana en el cual los comerciantes y propietarios con intereses en una zona determinada se asocian para compartir acciones y estrategias que tienen por objeto la revitalización socioeconómica de dicha área.

Visto así, al menos en cuanto a sus objetivos, no se perciben grandes diferencias con la anterior fórmula de organización de la cooperativa, la denominada de Centros Comerciales Abiertos (CCAs). No obstante, las hay, y sustanciales, en lo que se refiere al modelo de gestión, ámbitos de actuación, y sobre todo en su financiación, que es sin duda una de las aportaciones más “innovadoras” de este formato.

El BID, y ésta es su principal razón de ser, obliga a quienes lo integran al pago de tributos adicionales para el mantenimiento, desarrollo y promoción de esta zona de negocios. Esto se lleva a cabo a través de una tasa o contribución que emite el ayuntamiento y cuya recaudación se transfiere íntegramente al órgano de gestión de la organización. Es ésta una relación público-privada que todavía no contempla la legislación española, aunque sí que existe un proyecto de ley en fase de trámite en el que se recoge su desarrollo.

Sin duda, esta fórmula confiere a los comerciantes una mayor capacidad de financiación, y por tanto de autonomía en su gestión. Al mismo tiempo, y se podría decir que es otro de sus objetivos, al tratarse de una tasa municipal, resuelve el problema que se generaba con algunos establecimientos como bancos o franquicias que no se integraban en las asociaciones de comerciantes y en cambio se beneficiaban de sus servicios. Una vez aprobada la constitución del BID, pues, todos los establecimientos comerciales de su ámbito de actuación quedan sujetos a esta obligación impositiva.

Bid Gandia -02La experiencia norteamericana y en algunos paises europeos donde se ha implementado este modelo de organización, muestra resultados positivos en cuanto a la excelencia alcanzada en estas zonas de alta concentración comercial que se sustancia en un incremento de la calidad de los servicios, la ampliación de la oferta de actividades complementarias o la mejora y regeneración del entorno urbano.

No obstante, y a la vista también de esta experiencia, el modelo BID contiene algunas particularidades que pueden, cuanto menos, ser susceptibles de controversia. 

Una de las cuestiones más sensibles es que los residentes en el área y los arrendatarios no tienen apenas representación en los comités que dirigen los BID. No tienen voto ni participan en el proceso de toma de decisiones, con lo que la asociación puede convertirse en un club de empresarios que tiene el poder de gestionar los espacios públicos en su propio beneficio.

Así mismo, a esta entidad privada se le otorga la capacidad de gestionar servicios, como el mantenimiento del entorno, limpieza de calles, mobiliario urbano o seguridad. Tales atribuciones pueden derivar en que el BID asuma la prestación de servicios, no ya complementarios, sino que sustituyan la inversión municipal, de manera que la administración local se desentienda de proporcionarlos para toda la ciudad.

En tal caso se correría el riesgo de que los problemas que tuviese el área concreta donde la organización va a actuar (venta ambulante, graffittis, mendicidad, etc.) no se resuelvan sino que se trasladen a otras zonas donde los respectivos interesados no puedan permitirse la financiación de un BID, con lo que crearía desigualdades en la provisión de servicios públicos basadas en la riqueza.

También habría que poner en duda la conveniencia de cargar con otra tasa a los comerciantes en el actual contexto económico. Si esta fórmula viene a ser, en parte, una solución a los problemas financieros de la asociación, no puede ser a costa de complicar más la de los asociados. Antes, quizá, habría que priorizar la búsqueda de soluciones en el desarrollo de proyectos que pongan en valor los recursos de que se dispone, en muchos casos infrautilizados por la ausencia de estrategias eficaces.

Para evitar la perversión de los objetivos del BID, que en esencia no son más (ni menos) que la dinamización económica de un área comercial urbana, su adaptación deberá desarrollarse en un marco en el que prevalezca el interés general y adecuarse a la realidad social y económica de su entorno. 

En la implantación del BID, como en cualquier fórmula de gestión que relacione lo público y lo privado, se debe priorizar el beneficio para los ciudadanos y la comunidad, y no atender exclusivamente a intereses comerciales o particulares. Ha de entenderse, que la misión de un BID deberá ser aportar valor añadido a la actividad económica de la ciudad en aras de que ésta sea más activa, dinámica, sostenible y con mejores servicios públicos. Y en la medida en que la ciudad sea más habitable y cómoda para sus vecinos, mejores experiencias será capaz de ofrecer a sus visitantes.

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